Uno de los puntos más polémicos de la ley se refiere a la educación diferenciada, ya que prevé la supresión de ayudas públicas para los colegios concertados que separen a los niños de las niñas. El Consejo de Estado ya advirtió que este punto debería ser legislado aparte, como ley Orgánica, porque afecta a un derecho fundamental, como es la libertad de enseñanza. Además, en la norma se invierte la carga de la prueba, lo que fulmina la presunción de inocencia y obliga a demostrar que no se ha discriminado.
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